| 26.04.2005 |
| P.RICO-VIOLENCIA Una media de dos asesinatos al día se comete en Puerto Rico Por Iñaki Estívaliz San Juan, 26 abr (EFE).- En Puerto Rico, con una población de 3,8 millones de habitantes, se comete una media de dos asesinatos al día, lo que hace que esta isla sea la segunda jurisdicción de EEUU, detrás de Washington DC (con sólo 600.000 habitantes), donde más se perpetra este tipo de delito. Un informe de la Oficina Federal de Investigación (FBI) señala que 2004 fueron asesinadas 790 personas, lo que significa una tasa de casi 2,1 homicidios por cada 10.000 habitantes, y en lo que va de 2005 han muerto violentamente 246 individuos. La mayoría de estos casos están vinculados al tráfico de drogas y se circunscriben a los barrios residenciales públicos y «caseríos» donde se desarrolla el trasiego de estupefacientes. «Muchos casos se quedan sin resolver por falta de testigos, por el temor a ser asesinados por los sicarios del punto (de venta de drogas), o sus propios vecinos», explicó a EFE el director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del |
| Departamento de Justicia, el fiscal José Lozada Medina. Pero a menudo la violencia vinculada al tráfico de estupefacientes traspasa las fronteras de la marginalidad y se cobra la vida de inocentes. El pasado diciembre, el procurador de Menores del Departamento de Justicia Antonio Barceló Jiménez, sobrino del ex gobernador Carlos Romero Barceló, falleció junto con dos de sus hijas, de 15 y 24 años, después de que su automóvil fuese acribillado al quedar en medio de un tiroteo entre dos bandas rivales en un barrio de San Juan. Que la tasa de homicidios en Puerto Rico sea tres veces la de todo Estados Unidos y cuatro veces la de la Unión Europea, es para el director del NIE algo «catastrófico», que se debe a que la isla es «un puente» en el tráfico de drogas entre Colombia, Centroamérica y EEUU. La Policía tiene identificados en la isla unos 632 puntos de venta de drogas. «En los puntos todos saben quién es el jefe, quién lo controla… los dueños de los puntos no permiten que la competencia entre en su campo», expresó el fiscal Lozada. Para solucionar el problema de la violencia, según Lozada, primero hay que «inspeccionar con más celo y recursos los furgones de importación para evitar la entrada de armas y drogas ilegales». En segundo lugar está para Lozada el «control de los ‘pejes’ (peces) gordos». Respecto a este tema es sobre el cual el Negociado de Investigaciones Especiales que dirige tiene más competencia. Según su director, el NIE investiga los negocios que los «bichotes» utilizan para lavar dinero y que rastrean sus gastos para ver si corresponden los lujos que se permiten con los ingresos que declaran. «En (el residencial) Llorens Torres encontramos un yate de 40 pies valorado en 300.000 dólares y su propietario no rendía planillas (pagaba impuestos) porque estaba en el paro», puso como ejemplo Lozada. Explicó que la labor del NIE es más lenta que la meramente policial, ya que su objetivo son las organizaciones y que para ello utilizan agentes encubiertos, que necesitan tiempo para infiltrarse en ellas ya que a menudo éstas están compuestas exclusivamente por vecinos de toda la vida de cada residencial. Además necesitan obtener permisos para cámaras y seguimientos y consultar cada paso con los fiscales. Pero dentro de seis o siete meses estos trabajos darán como resultado la desmantelación de varias organizaciones, aseguró a EFE Losada. Por último, Lozada defendió que lo más importante para combatir la criminalidad es una buena educación. Sobre el tipo de castigo que se le debería imponer a los homicidas y asesinos se ha abierto recientemente en Puerto Rico un encendido debate, tras un juicio en el Tribunal de EEUU en la isla en el que los convictos de asesinar a un empleado de una compañía de transporte de valores podrían enfrentar la pena de muerte. Aunque la pena capital está prohibida en la isla desde 1929 y la Constitución de Puerto Rico también la anuló en 1952, una ley firmada por ex presidente estadounidense Bill Clinton en 1994 la permite en las jurisdicciones federales. Por este caso, un jurado de doce miembros decide si por primera vez en más de 75 años en Puerto Rico un procedimiento judicial culmina en ejecución. |