| 21.12.2006 | |
| EEUU-PENA DE MUERTE/P.RICO Familia de boricua ejecutado en Florida protesta pena de muerte Iñaki Estívaliz San Juan, 20 dic (EFE).- El sufrimiento de la familia del puertorriqueño ejecutado la semana pasada en Florida por inyección letal, Angel Nieves Díaz, no va a acabar «hasta que veamos que se hace justicia» y la pena de muerte sea abolida, declaró una prima del convicto. Así lo aseguró hoy a Efe María Magdalena Otero durante el velatorio celebrado en Puerto Rico del cuerpo de Nieves Díaz, que será enterrado en el cementerio de Río Piedras, en San Juan, el próximo viernes. «Tenemos que seguir reclamando la abolición de la pena de muerte después del entierro y que se haga justicia divina y humana», dijo Otero, quien vive desde hace 21 años en Florida, donde se mudó para poder visitar con frecuencia a su primo, que fue ejecutado el miércoles en la prisión de Starke. «Ese pueblo está maldito. Este año han ejecutado a 66 (reos). Conozco gente que no quiere pasar por allí», sostuvo Otero, quien describió esos años como «demasiado duros, demasiado crueles». Durante el velatorio se proyectaron 18 imágenes de Nieves Díaz, quien fue declarado culpable del asesinato del gerente de un bar en Miami en 1979, desde que era adolescente hasta los últimos días de vida. Otero seguirá viviendo en Florida, pero viajará a Puerto rico a menudo para trabajar por la causa abolicionista y «limpiar el nombre de Angel, (cuya inocencia) está en los papeles, pero el gobernador (Jeb Bush) no quiso leerlos». Se refirió a la declaración de culpabilidad del supuesto verdadero asesino y la del principal testigo de la acusación retractándose, pero que Bush no interrumpió el proceso que |
| acabó con una lenta agonía del ajusticiado. Según Robert Molina, el gerente de la funeraria Ehret que donó los servicios fúnebres a la familia, el cadáver de Nieves Díaz llegó de Florida sin certificado de defunción y tan sólo con un permiso de entierro «porque no se ha establecido todavía la causa de la muerte», dijo a una emisora de radio local. Para el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Osvaldo Burgos, esto «no nos extraña. Hemos señalado las irregularidades de este caso desde hace mucho tiempo». El gobernador de Florida, Jeb Bush, paralizó las ejecuciones en el estado al día siguiente de la muerte de Nieves Díaz para investigar posibles errores en el procedimiento y creó para ello una comisión de once miembros que deberá rendir informe en marzo de 2007. «Los miembros de la comisión responden a él (Bush) directamente, por eso no esperamos mucho de los resultados. Lo que está haciendo es alargar un proceso que la familia está deseosa por terminar», dijo Burgos, quien insistió en que la pena de muerte «no sólo castiga al convicto, sino a toda la familia». El médico forense William Hamilton determinó que la ejecución de Nieves Díaz tomó 34 minutos y requirió una segunda dosis porque las agujas atravesaron las venas y quedaron insertadas en la carne, cuando debían estar dentro de las venas. El Departamento de Prisiones había informado inmediatamente después de la ejecución que el reo había prolongado su agonía por problemas en el hígado que no le permitieron «metabolizar el veneno». Nieves Díaz sostuvo hasta sus últimos momentos que era inocente del crimen del que le culpaban y después de perder todas las apelaciones presentadas en varios tribunales de Estados Unidos, fue ejecutado a los 55 años. El puertorriqueño fue condenado por asesinato en primer grado del estadounidense Joseph Nagy, quien falleció de heridas de bala durante un robo en el bar que administraba. Antes de ser arrestado por el asesinato de Nagy, Nieves Díaz se había escapado de una cárcel de Puerto Rico, donde cumplía condena por asesinato en segundo grado y era conocido como «Papo la Muerte» por su historial delictivo, y en 1981 se había fugado de otra cárcel en Connecticut. Aproximadamente un centenar de personas, entre familiares, activistas contra la pena de muerte e independentistas, acudieron a la funeraria para el velorio. |