| 20.05.2005 |
| P.RICO-FUJIMORI Ex procurador asegura que Fujimori no puede ir a elecciones Por Iñaki Estívaliz San Juan, 20 may (EFE).- El ex presidente de Perú Alberto Fujimori pretende aparecer como un perseguido político al intentar presentarse a las próximas elecciones de su país, lo que no puede hacer por estar inhabilitado para cargos públicos durante 10 años. «Esto es parte de una estrategia del ex presidente a efectos de distraer a la opinión pública y hacerse ver como un perseguido político», declaró hoy a EFE el ex procurador anticorrupción peruano Luis Vargas Valdivia. Vargas Valdivia se encuentra en Puerto Rico para dictar la conferencia: «Proceso investigativo en un caso de corrupción internacional: Caso Fujimori-Montesinos», organizada por la Oficina de Etica Gubernamental. Fujimori solicitó recientemente en el consulado peruano en Japón la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y luego su oficina en Lima anunció la intención del ex gobernante de presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del 2006. «El no tiene que pedir el DNI, lo que tendría que hacer simple y llanamente es comprar un pasaje, y si no tiene la posibilidad de hacerlo que se lo compre el Gobierno del Perú, y presentarse en el aeropuerto de Lima para afrontar los procesos que tiene en su contra», consideró Vargas Valdivia. El ex procurador, que es también miembro de la Convención de la ONU contra la Corrupción, señaló que Fujimori no puede presentarse a las elecciones de 2006 porque pesa en su contra una sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años. Agregó que el mandatario pretende desviar la atención de la opinión pública sobre los casos de lesa humanidad por los que se está juzgando a su ex asesor Vladimiro Montesinos y al grupo Colina, que fueron realizados «bajo las órdenes, consentimiento y conocimiento de Fujimori». «En un juicio oral que se debe iniciar en los próximos días (contra Montesinos y el grupo Colina por la masacre de La Cantuta en 1992), la opinión pública va a tener acceso a todas las pruebas que involucran y que demuestran la responsabilidad, no sólo de Montesinos y los mandos militares que integraban ese grupo, sino también y, sobre todo, del ex presidente Fujimori», expresó. Según Vargas Valdivia, existen pruebas contra Fujimori en otros casos de corrupción, como la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, señaló que no se le han encontrado cuentas en bancos extranjeros que demuestren corrupción financiera, como a Montesinos, «por problemas técnicos, incluso |
| de traducción, y falta de tratados internacionales con los países asiáticos» donde se sospecha que las tiene. La Procuraduría Anticorrupción fue creada en noviembre de 2000 por el propio Fujimori para que investigara a Montesinos, a quien se le acusaba de ser el cerebro en la sombra de operaciones ilegales contra el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico. Fujimori nombró como procurador «ad hoc» a José Ugaz, de quien Vargas Valdivia fue adjunto y luego sustituto. Ugaz y Vargas Valdivia presentaron cargos contra Montesinos al día siguiente de crearse la Procuraduría y, siete días después, presentaron otros nuevos, pero esta vez contra el propio presidente Fujimori. El 14 de noviembre de 2000 Fujimori viajó a Brunei para asistir a una cumbre internacional, luego partió a Japón y se quedó allí, amparado en su nacionalidad nipona. Al día siguiente, el Congreso peruano lo declaró «moralmente incapacitado». Según Vargas Valdivia, a quien el actual presidente peruano, Alejandro Toledo, no renovó en el cargo de procurador Anticorrupción, 1.500 personas están siendo procesadas por casos de corrupción relacionados con la época Fujimori (1990-2000). De estas, unas 150 están ya cumpliendo condena, entre las cuales se encuentran un ex director general de la Policía, altos mandos del Ejército y un ex presidente del Congreso. Por ello, para el ex procurador, el organismo creado por Fujimori contra la corrupción, paradójicamente, «ha funcionado, los juicios son públicos, ha habido sentencias y se han repatriado 200 millones de dólares». |