| 05.07.2007 1 TRIBUNALES | |
| P.RICO-CÁRCELES Denuncian que recientes motines demuestra deficiencias en sistema carcelario Iñaki Estívaliz San Juan, 5 jul (EFE).- Los recientes motines ocurridos en varias cárceles de Puerto Rico hacen temer que se esté produciendo una guerra entre bandas lo que, al parecer, tiene como problema de fondo las serias deficiencias del sistema carcelario de la isla caribeña. El Departamento de Corrección y Rehabilitación insiste en que un motín ocurrido el sábado pasado en Guayama (sur), en el que murió un recluso y resultaron heridos otros quince, y otro ayer en Bayamón (ciudad aledaña a San Juan) con un saldo de tres heridos, se debieron a una guerra por el control de las drogas. Sin embargo, el procurador del Confinado, Heriberto Orta, aseguró a Efe que el responsable de los motines es el propio secretario de Corrección, Miguel Pereira, porque se niega a reconocer a las diferentes asociaciones de reos y no las tiene en consideración a la hora de decidir a qué institución enviar a unos presidiarios u otros. Según Orta, Pereira «está mezclando los grupos y va a conseguir que haya guerra» al tratar de eliminar la autoridad de las distintas asociaciones de presos en las diferentes instituciones carcelarias. Añadió que los motines se produjeron, además, por la escasa seguridad que existe en las cárceles de Puerto Rico y su masificación, pues en celdas acondicionadas para dos confinados «están conviviendo tres y cuatro». Por su parte, Pereira reitera que no reconoce la existencia de las bandas o asociaciones de presos e insiste en que la única autoridad dentro de las cárceles debe ser el Estado y sus instituciones. El abogado Damián Planas, que representa a varias organizaciones de presos, sostiene que «una cosa es que no puedan convivir juntos (los miembros de bandas diferentes) porque la filosofía de vida carcelaria sea distinta, y otra es que se hayan declarado una guerra, lo cual no ha ocurrido». Planas indicó que Corrección debería promover la rehabilitación de los confinados, unos 14.000 en la isla, con acuerdos entre sus líderes y manteniéndolos ocupados porque «el ocio no rehabilita». Los representantes de los presos lamentaron que el secretario de Corrección no reconozca a las asociaciones de presos, «que existen desde que Miguel Pereira era chiquito», y que surgieron para proteger a los reclusos de los abusos de otros presos y de los propios oficiales de custodia. En la década de 1970 el reo Carlos «la Sombra» López Iriarte fundó el grupo Ñeta y revolucionó el sistema penitenciario puertorriqueño cuando la precariedad de la calidad de vida en las prisiones era extrema. La Ñeta impone un estricto código de conducta en las cárceles evitando hasta que se digan palabras malsonantes o que un preso entre en la celda de otro sin permiso y no aceptan entre ellos ni a violadores, ni asesinos a sueldo, ni a políticos corruptos. |
| Los ñetas son históricamente enemigos de «Los 27», que sí aceptan a violadores, y recientemente han surgido otros grupos como «Los 21» o «El Nuevo Grupo 25», hasta ahora limitados en cárceles del noroeste del país. Durante décadas, estos grupos se fueron haciendo fuertes en diferentes prisiones y se erigieron como poder paralelo dentro de ellas, pero recientemente Corrección ha tratado de mezclar unos grupos con otros para minimizar la autoridad de la que gozan estas bandas en los diferentes penales. En 1998, el tribunal federal en San Juan emitió una sentencia en la que señalaba que «las gangas se han constituido en un gobierno a la sombra del sistema carcelario de Puerto Rico» y que era necesaria «voluntad política» para remediar la situación. Aunque Corrección no reconoce a estos grupos, permitió que el vicepresidente de la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Ñeta), el preso Bonifacio López, apareciera en un anuncio televisión amenazando a los violadores de que su grupo no los protegerá cuando sean capturados y enviados a prisión. Por otra parte, representantes de las asociaciones de presos puertorriqueños han sido llamados en varias ocasiones a declarar en audiencias legislativas para conocer la situación dentro de las cárceles del país, lo que de por sí legitimaría su existencia, aseguran los representantes de los confinados. |