| 12.01.2009 ECONOMIA | |
| P.RICO-ECONOMÍA Diferentes sectores critican estrategias de Fortuño para mejorar la economía Iñaki Estívaliz San Juan, 12 ene (EFE).- La medidas para mejorar la economía de Puerto Rico anunciadas por el gobernador Luis Fortuño, quién tomó posesión del cargo el pasado día 2, y las recomendaciones de su comité de expertos, han encontrado ya la oposición de diferentes sectores de la sociedad boricua. Algunos empresarios, miembros incluso del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), sindicatos, los partidos de la oposición, movimientos de izquierda y comunitarios temen que los platos rotos de la recesión económica puertorriqueña los acabe pagando la clase trabajadora en beneficio de las grandes corporaciones y los bancos. Varios sindicatos y otras organizaciones comunitarias convocadas por la Coordinadora Sindical celebrarán hoy una asamblea para discutir y votar un documento y un plan de acción contra las medidas económicas propuestas. La deuda pública de Puerto Rico, que entró en recesión en 2006, supera los 52.000 millones de dólares, el déficit presupuestario del gobierno asciende a los 3.200 millones y tanto la inflación como el desempleo superan el 12 por ciento. Para tratar de mejorar la situación, Fortuño decretó el pasado jueves, en su primera orden ejecutiva como gobernador, un «estado de emergencia fiscal» en el Estado Libre Asociado (ELA) instando a todas las administraciones públicas a reducir sus gastos. La orden promulga la «congelación de puestos vacantes» en el Gobierno, establece la «prohibición de crear nuevos puestos» públicos, la «eliminación de puestos de confianza» en un 30 por ciento y una significativa reducción de gastos en todas las administraciones. Fortuño firmó la orden ejecutiva atendiendo las recomendaciones que le presentó su Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal, integrado por 14 prominentes empresarios y economistas, y anunció que presentaría nuevas medidas al Legislativo. El Senado y la Cámara de Representantes celebran hoy sus sesiones inaugurales tras las pasadas elecciones del 4 de noviembre en las que el PNP consiguió amplias mayorías en ambas cámaras. Otras recomendaciones del Comité Asesor de Fortuño se refieren a establecer una moratoria en el cumplimiento de los convenios colectivos de los empleados públicos durante los próximos dos años. También aconsejan los economistas implantar una nueva tasa contributiva a corporaciones, establecer una serie de impuestos sobre el tabaco, la gasolina, el alcohol y los teléfonos celulares y mejorar la forma de recaudar el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). El portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc, aseguró hoy a Efe que las medidas recomendadas por el Comité de Fortuño «tienen una carga desproporcionada sobre la clase trabajadora», que será la que se verá más afectada por la moratoria de los convenios, la congelación de plazas y los nuevos impuestos. Las medidas de Fortuño tendrán más «impacto» negativo en «las personas que en las corporaciones», mientras que «la crisis verdadera es de ausencia de trabajo, que las empresas privadas no están creando empleo para que los trabajadores tengamos dinero para mejorar la economía», sostuvo Pedraza Leduc. Por otra parte, otras medidas recomendadas dirigidas a establecer una serie de |
| «alianzas público privadas» para mejorar los servicios del Estado tendrían como objetivo último el de privatizar las principales administraciones estatales, según el sindicalista. Algunas de las sugerencias del Comité han sido cuestionadas incluso por legisladores del PNP como Migdalia Padilla o Antonio Silva o alcaldes del mismo partido, como el de Yauco, Abel Nazario, que esperan que algunas de ellas, como el arbitrio a la gasolina, se queden en eso, en meras recomendaciones. Otra de las recomendaciones del Comité, respaldada por Fortuño, es despedir a 11.000 empleados públicos contratados después del 1 de julio de 2008, fecha desde la cual aplicaba una «veda electoral» prohibiendo esos contratos, y el propio secretario del Trabajo designado, Miguel Romero, ha cuestionado esa cifra. El vicepresidente de la compañía telefónica T-Mobile, Jorge Martel, indicó que aprobar un impuesto a los celulares tendría «efectos nefastos en el consumidor puertorriqueño, al igual que tendrá un impacto a la economía, creación de empleos, y el desarrollo futuro de la industria de las telecomunicaciones». Otra de las medidas anunciadas se refiere a realizar una nueva emisión de bonos del gobierno para poder pagar la nómina de los empleados públicos, lo que ha sido criticado por la oposición del Partido Popular Democrático (PPD), a pesar de haber sido un recurso recurrente de anteriores administraciones del propio PPD. Por su parte, el que fuera candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edwin Irizarry, expresó su «preocupación» porque las recomendaciones del Comité «garantizarán el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población puertorriqueña». Para el Movimiento al Socialismo, organización que incluye a una veintena de entidades, «se quiere solucionar la crisis encareciendo, empeorando o racionando servicios al más pobre, atacando salarios de los trabajadores y a costa del aumento en el desempleo, que redundar en una crisis social más profunda». EFE ie/esc |