31.10.2004 |
P.RICO Niño ruso genera escándalo judicial y pelea internacional Por Iñaki Estívaliz San Juan, 31 oct (EFE).- La custodia del niño ruso Arnas Gaurilcikas ha provocado un escándalo en Puerto Rico que llevó a la apertura de una investigación y la destitución de altos funcionarios judiciales, además de una pelea legal entre Estados Unidos y Rusia. La jueza Maritza Ramos, ex administradora del tribunal del distrito |
puertorriqueño de Carolina, fue destituida recientemente y afronta un proceso legal por influir sobre otros funcionarios para conseguir adoptar al niño, a pesar de que su familia lo reclamaba desde Lituania, donde nació el menor. A dos juezas del mismo tribunal se les imputan actuaciones irregulares en el caso, mientras que dos abogadas, una trabajadora social y dos supervisoras del Departamento de Familia han sido suspendidas de empleo por favorecer a Ramos en su empeño por adoptar al niño. La rocambolesca historia comenzó cuando la madre del menor, Irina Romanova, conoció por internet en 1998 al estadounidense Jimmy Smith, lo que inició una relación tormentosa que acabó con el hijo de ella abandonado en un limbo legal en Puerto Rico que requirió la intervención de las autoridades de EEUU y Rusia. En 2001 la pareja se instaló en Puerto Rico, donde contrajo matrimonio, y seis meses después llegó a la isla el niño, que entonces tenía 7 años. La madre, que ya había tenido problemas de salud mental en Lituania y tras una más de sus numerosas peleas conyugales, prendió fuego a la residencia familiar, por lo que se le quitó la custodia del menor, del que se hizo cargo el Departamento de Familia, y ella fue internada en un centro psiquiátrico. Smith supuestamente llegó a un acuerdo con el juez que lleva el caso para que no presentara cargos contra la mujer a cambio de que ésta volviera a Lituania. Tres meses después, Romanova abandonó Puerto Rico sin su hijo y sus padres comenzaron una cruzada para que el niño regresase a la república ex soviética. Al mismo tiempo, la jueza Ramos comenzó a hacer gestiones para adoptar al menor, y los gobiernos ruso y estadounidense intervinieron. Mientras la embajada de Rusia reclamaba que la patria potestad del niño tenía que ser administrada por su gobierno, los departamentos de Familia y Justicia de Puerto Rico se ocuparon del caso como si se tratara de un ciudadano estadounidense. En junio de 2003, la juez Ramos se llevó al niño a su casa, y a pesar de los intentos de los abuelos por conseguir la custodia del menor, el Departamento de Familia inició el proceso para darlo en adopción. Este ministerio informó de que ignoraba las gestiones realizadas desde Lituania y que lo único que sabían de la familia del niño es que la madre escribía cartas contradictorias en las que lo mismo lo reclamaba, que negaba sentirse capacitada para educarlo. Las autoridades convocaron una reunión entre los servicios de inmigración de EEUU y la embajada de Rusia en la que se le pidió a la familia del menor en Lituania que presentase un estudio socioeconómico que garantizase las necesidades del niño. Mientras, el tribunal de Carolina, que Maritza Ramos administra, declaró al menor dependiente de esa corte y prohibió su salida de Puerto Rico. El informe en el que se certifica que la familia está en condiciones para hacerse cargo del niño se presentó, pero el Departamento de Familia negó haberlo recibido. La abuela del menor, sin saber una palabra de español o inglés, viajó a Puerto Rico para reclamar al niño, pero regresó a Lituania con las manos vacías. Unos días más tarde se llevó a cabo un espectacular operativo entre diferentes agencias gubernamentales, que rodearon la vivienda de la jueza para quitarle el niño a Ramos. La jueza llegó a esconder al menor en un dormitorio, y exigió una orden judicial. Se movilizó de nuevo a las autoridades puertorriqueñas hasta que un juez dictó una orden ya entrada la madrugada. El 21 de febrero de este año, Arnas Gaurilcikas regresó con su abuela a Lituania. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció el inicio de una investigación contra Ramos. La cónsul honoraria de Rusia en Puerto Rico, Anastasia Kitsul, dijo a EFE que «respetamos la forma en la cual el gobierno local ha llevado a cabo el caso», e informó de que el niño, que ahora tiene 10 años, se encuentra perfectamente reintegrado a su familia y en su escuela de Lituania. |