| 29.06.2006 |
| P.RICO-CRISIS Disputa por reforma contributiva llega a los tribunales Iñaki Estívaliz San Juan, 29 jun (EFE).- La disputa por la aprobación de una reforma contributiva que ayude al Gobierno de Puerto Rico a salir de la crisis económica que atraviesa la isla y que se ha agravado los últimos meses llegó hoy a los tribunales. El gobernador Aníbal Acevedo Vilá presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un recurso para que obligue a la Cámara de Representantes que le envíe, con objeto de evaluarlo, el proyecto de ley de reforma contributiva que aprobaron la semana pasada ambas cámaras. Después de más de un año de desacuerdos entre los poderes Ejecutivo, en manos del Partido Popular Democrático (PPD), y el Legislativo, mayoritariamente del Partido Nuevo Progresista (PNP), la Cámara de Representantes adoptó un proyecto que pretende enmendar antes de enviarlo al gobernador y después de haberse aprobado en el Senado. «En un suceso nunca antes visto, pidieron la reconsideración de un proyecto sobre la reforma contributiva ya aprobado sin enmiendas por el Senado, lo cual, sin dudas, es un acto ilegal e inconstitucional», aseguró el senador del PPD Juan Hernández Mayoral en un comunicado. El punto principal en conflicto es la imposición de un impuesto al consumo del 7 por ciento, que en el texto del proyecto aparece desglosado en un 5,5 por ciento para el Gobierno central y un 1,5 para los municipios. El presidente de la Cámara, José Aponte, quien se niega a enviar el proyecto a La Fortaleza, sede del Gobierno, con el argumento de que se aprobó precipitadamente, ha declarado en diferentes medios que desacatará la orden del Tribunal. Por su parte, Acevedo Vilá, insistió hoy en una conferencia de prensa en que «este es un país de ley y orden, no de caprichos personales». «Llevan un año dándole vueltas a la noria con el asunto. Hablaron de números, los subieron, los bajaron, dieron infinidad de versiones y terminaron aprobando la propuesta original, y ahora, luego de darse cuenta del error, pretenden sumir a este pueblo en otro capítulo de tragicomedia», dijo Hernández Mayoral en un comunicado. «En el momento en el que el Senado aprobó la medida sin enmiendas, la Cámara perdió cualquier jurisdicción constitucional que pudiera tener en torno al proyecto y tiene la obligación de someter el mismo al gobernador para su consideración», indicó, por su parte, el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos. Después de que las urnas decidieran en las últimas elecciones que el país estaría regido hasta 2008 por un gobierno compartido, con el PNP con mayoría en Cámara y Senado, y el PPD en La Fortaleza, los desacuerdos para aprobar el presupuesto del Estado y otras medidas económicas han deteriorado la situación del país. La primera quincena del pasado junio, casi 100.000 empleados públicos tuvieron que acogerse a una licencia sin sueldo y medio millón de niños no pudieron acudir a sus escuelas después de que el gobernador cerrara 43 agencias de la administración por falta de fondos. De la aprobación de la reforma contributiva también depende el crédito de Puerto Rico, pues las agencias clasificadoras han dado hasta el próximo 15 de julio para que se creen las condiciones necesarias para que no tengan que volver a degradar los bonos del país, como han hecho en dos ocasiones en lo que va de año. El Tribunal Supremo contestó la demanda del gobernador y dio a los presidentes y |
| secretarios de la Cámara de Representantes y el Senado hasta el próximo sábado, 1 de julio, «para que comparezcan y expresen lo que a bien tengan respecto a la aludida petición». |