| 23.01.2008 | |
| P.RICO-PENA MUERTE Tratan de evitar que EE.UU. imponga la pena de muerte en P.Rico o a boricuas Iñaki Estívaliz San Juan, 23 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de Puerto Rico hará «todo lo que esté a su alcance» para que EE.UU. no imponga la pena de muerte en la isla caribeña ni contra ningún puertorriqueño en otros estados, aseguró hoy el secretario de esa administración, Roberto Sánchez Ramos. Acompañado de representantes de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM), Sánchez Ramos anunció la aplicación de una serie de medidas recomendadas por esa organización abolicionista para disuadir a la Justicia federal de aplicar la pena de muerte en el Estado Libre Asociado (ELA). Puerto Rico prohíbe la pena de muerte en su Constitución de 1952 como ELA, estatus político que limita la autonomía del país en algunos asuntos como defensa e inmigración, y los tribunales estatales están subordinados en última instancia a los federales. Sánchez Ramos explicó que la más importante de las medidas anunciada hoy será la referente a los casos de robo de vehículos a mano armada que impliquen alguna muerte. Indicó que, «aunque no hay nada formalizado», habitualmente éstos son los casos en los que tradicionalmente en Puerto Rico la fiscalía federal pide la pena de muerte para el acusado. En estos casos la fiscalía federal solicita a la estatal que se inhiba de procesarlos para que se vea el caso en el tribunal federal y se pueda pedir así la pena de muerte. Para evitarlo, el Departamento de Justicia estatal ordenó hoy a todos sus fiscales que no desistan de procesar estos casos en los foros locales salvo que la fiscalía federal garantice que no va a solicitar la pena de muerte. Sánchez Ramos explicó que aún así, el Departamento de Justicia Federal puede ordenar ver el caso aunque se esté procesando en un tribunal local, pero sería «contrario a la regla general». «No hay prohibición para procesar dos veces un caso si está en jurisdicciones distintas (estatal y federal)», reconoció Sánchez Ramos, aunque defendió que la orden a los fiscales estatales «hace menos probable que se pida la pena de muerte». Por otro lado, la Justicia de Puerto Rico realizará «todas las gestiones que entienda |
| idóneas para evitar» que en otras jurisdicciones de EE.UU. se solicite o se aplique la pena de muerte para cualquier puertorriqueño. Del mismo modo, tratará de evitar la extradición de puertorriqueños a otros estados de EE.UU. sobre los que se les vaya a pedir la pena capital. «No tenemos mecanismos legales para obligar a desistir» en ambos casos de que se pida la pena de muerte ni para impedir la extradición, reconoció también el Secretario de Justicia, ya que «son los tribunales los que resuelven en última instancia». Sin embargo, Justicia de Puerto Rico acudirá a todos los foros necesarios y enviará las cartas oportunas para tratar de evitar que se condene a morir en «en nuestro suelo» o a cualquier puertorriqueño. Sánchez Ramos, que calificó la pena de muerte como un castigo «innecesario y en última instancia inmoral», anunció también la creación de un comité de expertos para diseñar estrategias dirigidas a cambiar las leyes federales en cuanto a la pena máxima. El coordinador de la CPCPM, Edgardo Román, expresó su «alegría» por este compromiso del Estado que se ha logrado «como pueblo», que hará que «disminuyan las posibilidades de que un convicto enfrente una pena de muerte» y que se renueven los esfuerzos «con este derecho fundamental que es el derecho a la vida». Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pedía la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que el 27 de octubre de 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal. Su madre, Esperanza López, se encontraba hoy entre los miembros de la CPCPM durante el anuncio en la secretaría del Departamento de Justicia estatal. López recordó que el día de la sentencia a su hijo se comprometió a «estar en cualquier parte del mundo para luchar contra la pena de muerte» porque «jamás debemos permitir que nos maten a un puertorriqueño, eso es una barbarie y la nación americana (EE.UU.) está bien atrasada». Los presentes en el anuncio subrayaron que «el pueblo de Puerto Rico» recibió el pasado 19 de enero el premio «Encendiendo la Antorcha» de la Organización Nacional Contra la Pena de Muerte de EE.UU. por su histórica lucha abolicionista. El último puertorriqueño ejecutado, en Florida, fue Ángel Nieves Díaz, el 13 de diciembre de 2006. |